Usos políticos de la historia: el PSOE y la Guerra Civil

David Soler

Si hay un partido político en España que, durante más tiempo, ha puesto un mayor énfasis en la historia y sus relaciones con el presente ese es el Partido Socialista Obrero Español. A esto contribuye, entre otras razones, su antigüedad. Es el partido- aún vigente- más viejo del arco parlamentario, junto al PNV. Pero, como veremos, ese énfasis selecciona periodos y personajes muy concretos de la historia y orilla u olvida otros, a imagen de lo que hacen los demás partidos.

El PSOE nació en una taberna cercana a la Puerta del Sol de Madrid el 2 de mayo de 1879, en la resaca de la Comuna de París, el Sexenio Revolucionario y la expansión del ideario marxista por toda Europa. Su fundador fue Pablo Iglesias Posse, junto a otros quince hombres entre los que había tipógrafos, médicos y artesanos, pero ningún proletario industrial (en teoría el sector al que se dirigía el partido). El marxismo y sus derivadas se caracterizaban por desarrollar un sistema político y económico basado en las ideas de materialismo histórico propugnadas por Karl Marx (fallecido en 1883) y Friedrich Engels (1820–1895), que vieron en la Comuna de París una chispa (apagada al final) para la revolución proletaria y su dictadura. Sus defensores rechazaban el capitalismo y defendían una sociedad sin clases y sin estado (una sociedad comunista).

Como otros partidos e ideologías, el PSOE recorrería una larga senda en la que mutaría desde esos principios revolucionarios a unos reformistas, enmarcados en la democracia representativa y la economía de mercado, sumándose a la familia de la socialdemocracia moderna, partícipe (junto a democratacristianos y liberales) de la construcción del nuevo orden europeo nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En 1974, en un congreso en Suresnes (Francia), el PSOE renunció al marxismo revolucionario, eligió como líder a Felipe González y abrazó la socialdemocracia, con manifiesto temor a ser sobrepasados en relevancia durante la previsibles Transición por el Partido Comunista, verdadera oposición al franquismo en cuanto a cantidad y actividad.

Herencias ideológicas: el reparto de carnets democráticos

La Segunda República, la Guerra Civil y la represión franquista son los momentos preferidos del discurso historicista empleado por los cargos y líderes del PSOE, especialmente articulándolos a través de las dos Leyes de Memoria histórica (ahora Democrática), las políticas de exhumación de víctimas de la guerra y la dictadura, y los homenajes a figuras representativas del imaginario progresista y de izquierdas español, desde Azaña a Lorca, pasando por Fernando de los Ríos o-de puntillas- por Francisco Largo Caballero. En esa articulación del pasado se entremezclan legítimas demandas de humanidad y democracia (como la recuperación de cuerpos o la retirada de un dictador de un mausoleo convertido en lugar de peregrinaje cada 20 de noviembre) con interpretaciones partidarias o idealizantes de la historia. El principal partido de la oposición, el PP, por ejemplo, ha tendido a ser presentado como representante del franquismo por líderes socialistas. Pero esto no siempre fue así. Los historiadores expertos en estos periodos y en el socialismo español, como Santos Juliá o Pamela Radcliff, han señalado que el interés por la dictadura y la guerra del socialismo español repuntó coincidiendo con su pérdida del poder tras una cascada de casos de corrupción que desembocó en la primera victoria del Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza.

Tal y como señala Pamela Radcliff en Nueva historia de la España contemporánea (2018), hablando del PSOE:

Después de haber renovado su directiva tras la crisis de confianza de la década de 1990, el PSOE también ganó dos mandatos consecutivos, de 2004 a 2011, tras lo cual no fue reelegido por su gestión de la crisis económica que se inició en 2009. Si bien hacía mucho tiempo que se había abandonado la fórmula de la política de consenso de la Transición, la falta de un partido de oposición viable durante la década de 1980 había enmudecido los debates políticos. La cultura empezó a cambiar en 1993, durante el último gobierno del PSOE (en minoría).

De hecho fue durante la campaña electoral de ese mismo año, y temiendo que iba a perder, cuando el PSOE rompió lo que había sido un acuerdo tácito de no instrumentalizar el pasado al vincular al PP con el franquismo. Desde entonces la democracia española ha tenido que adaptarse a este estilo de política de confrontación en la que se pone mucho en juego y en la que casi todo se convierte en una batalla partidista.

Santos Juliá también se hacía eco de este giro en la batalla cultural en su ensayo Hoy no es ayer (2009), citado en la pieza de análisis de usos políticos de la historia por el Partido Popular. A pesar de que en 2002, durante el Gobierno de Aznar, existió una declaración unánime en el Senado que condenaba el franquismo, llamaba a reparar a las víctimas y reconocerlas, y a no emplear la historia como acicate electoral, ni PSOE ni PP habrían actuado coherentemente respecto a sus compromisos, en medio de una fragmentación política creciente y la aparición de nuevas fuerzas. Por un lado, el PSOE, tras catorce años en el gobierno, no había presentado iniciativas que se parecieran en algo a las actuales leyes de memoria histórica, habiendo disfrutado de mayorías absolutas, pero de repente manifestaba un interés inagotable por las políticas de memoria y reparación. No tardó en percibirse el electoralismo detrás del afán ético.

El PP, por su parte, había realizado juegos de malabares con los términos (a veces eludiendo referirse a la dictadura como tal y empleando eufemismos como “régimen anterior”) en su carrera hacia la homologación como fuerza moderna de centro-derecha, tratando de dejar atrás Alianza Popular. Un camino que llevaría sin embargo a incumplir, tras la declaración de 2002, cualquier promesa hacia las víctimas del franquismo y la recuperación de los restos de cunetas y fosas comunes, sin atender a las súplicas de las asociaciones de familiares de víctimas.

Sin embargo solo a nivel nacional el debate era maniqueo, pues a nivel autonómico sí se emprendían ciertos actos de reparación (nombres de calles y monumentos, retirada de estatuas de Franco, exhumaciones de fusilados, etc) que contaban con el apoyo de diversas fuerzas políticas, e incluso en algunos lugares con la colaboración de las jerarquías eclesiásticas locales, lo cual evidenció otra fractura ideológica también dentro del sector religioso.

Los olvidos del PSOE: de Miguel Primo de Rivera a Largo Caballero

En la página oficial del PSOE encontramos varias referencias y homenajes a la Segunda República que hilan un relato idealizado, o eufemístico incluso, respecto a cuáles fueron las reacciones y actitudes de su partido ante el nuevo régimen democrático que se abrió oficialmente el 14 de abril de 1931. A menudo el actual PSOE gusta de presentarse como el heredero moral casi exclusivo del legado de la Segunda República, obviando los furibundos ataques que por “burguesa” recibió esta de muchos de los principales líderes socialistas y sindicalistas de la época, sumándose así a las críticas del sector comunista con el que, en teoría, tan mal se llevaban. A principios del siglo XX, Iglesias ya decía decía: “Los republicanos seguirán siendo mirados por nosotros como enemigos, y ¡ojalá ellos nos mirasen, en cuanto representantes de los obreros, del mismo modo!”.

Más adelante y tras un paso por la cárcel, Iglesias sí se decidiría a participar de la “política burguesa” y unió el PSOE a una Conjunción Republicano-Socialista que triunfó en las elecciones municipales de 1909, obteniendo 53 concejales socialistas en toda España. En las elecciones generales Iglesias resultó elegido diputado, y una vez en el escaño recuperó una beligerancia que poco tenía de respeto parlamentario: condenó el régimen, aseguró haber entrado en la Conjunción para derribarlo y afirmó que permanecería en la legalidad siempre que esta le permitiera “adquirir fuerza” pero que saltaría fuera de la misma si la legalidad limitaba sus aspiraciones. Llegó a lanzar una amenaza de muerte a Antonio Maura (“mis amigos están dispuestos al atentado personal”), que se volvió contra él cuando, en efecto, Maura sufrió un atentado en Barcelona.

Sin embargo la actual perspectiva historicista en el PSOE elimina todos estos aspectos negativos del relato fundacional y de la figura de Pablo Iglesias, reverenciada en muchos actos del partido. Aun así no son pocos los que desde la extrema izquierda sí ensalzan sin problema a Largo Caballero y afean las actitudes, a sus ojos, tibias del PSOE al negarse a reconocer los impulsos y objetivos revolucionarios de los años 30. Así lo refiere, por ejemplo, el historiador Antonio Rubira en un artículo del diario Público.

Y esto enlaza de nuevo con la mirada socialista hacia la Segunda República. Por ejemplo en un artículo que analiza la cobertura del diario El Socialista (nacido en 1886) se presenta a los socialistas como leales defensores de la Segunda República, además de parteros clave de la misma. En un manifiesto del partido con motivo del 90 aniversario de la proclamación se omite el papel de liberales y conservadores, como Niceto Alcalá Zamora, en el advenimiento de la Segunda República, y se incide en una lealtad sin fisuras del socialismo español histórico al régimen republicano, lo que choca con algunos aspectos de la hemeroteca.

Entre las propias bases fundacionales del diario El Socialista figuraba, defendida por Iglesias, la de “combatir a todos los partidos burgueses y especialmente las doctrinas de los avanzados”. Es decir de confrontar con los partidos republicanos (como el de Manuel Azaña) y dificultar cualquier entendimiento duradero. Tal y como señala José Álvarez Junco en Nueva historia de la España contemporánea (2018), además de una cierta “pobreza teórica” y un seguidismo del socialismo francés, la situación era esta:

Con estas fuentes doctrinales, la visión del mundo de Iglesias y su grupo era de un economicismo rígido, a partir de la creencia en el carácter plenamente capitalista de la sociedad española, dominada por la ley de bronce de los salarios y una sencilla lucha de clases entre burguesía y proletariado. En tal situación los socialistas debían aprovechar los resquicios legales para obtener mejoras laborales; debían presentarse a las elecciones, aunque entendidas sólo como ocasión para la propaganda, pues el final sería inevitablemente revolucionario.

Hacia 1930 una parte del PSOE derivó progresivamente hacia una socialdemocracia afín a las reglas de juego democráticas y constitucionales, pero otra mantuvo y expandió sus objetivos revolucionarios, despreciando el “carácter burgués” de la República. Entre las figuras más destacadas de esta línea de pensamiento estaba Francisco Largo Caballero, que da nombre a la principal fundación asociada hoy a UGT (el sindicato socialista por excelencia fundado por Pablo Iglesias en 1888).

Con la llegada de la República, Largo Caballero se convertiría en una de las figuras destacadas del socialismo español, y sería apodado como “el Lenin español”, a pesar de que el régimen estalinista terminó censurándolo por no colaborador. Señala el historiador Enrique Moradiellos que la progresiva “conversión bolchevique de Largo Caballero fue muy dañina para el PSOE porque sentó las bases de una división interna entre radicales y moderados (encabezados estos por Indalecio Prieto) y dificultó notablemente la expectativa de una recomposición de la conjunción republicano-socialista para volver al poder por vía electoral.”

También compara la retórica amenazante de Largo Caballero en la campaña electoral de 1933 con la de Gil Robles, de la CEDA. En un mitin en el cine Europa el 3 de octubre de 1933 (tres años antes de la guerra) Caballero decía:

“Yo no tengo gran fe, y ahora menos que antes, en que dentro de una democracia burguesa se pueda hacer Socialismo. (…) Que conste bien: el Partido Socialista va a la conquista del Poder, y va a la conquista como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución, y si no, como podamos. Y, cuando eso ocurra, se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan. Lo que yo confieso es que si se gana la batalla no será para entregar el Poder al enemigo.”

A esta retórica incendiaria, que hacía de espejo con la de la CEDA y otros sectores derechistas, se sumó la convocatoria y participación socialista en la huelga de 1934 en Asturias, que derivó en insurrección armada protagonizada por milicias mineras, miembros de UGT, CNT y el Partido Comunista, cuando Alejandro Lerroux permitió la entrada en su gobierno republicano de ministros de la CEDA. Caballero diría en enero del 34: “Hay que dejar grabado en la conciencia de la clase trabajadora que, para lograr el triunfo, es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder.”

En el artículo de El País titulado El 14 de abril, 80 años después, (14/04/2011) se refiere que casi la mitad de los españoles consideraba que, “en principio y en términos generales, la monarquía era preferible a la república, pero casi un 39% opinaba lo contrario, con los electores del PSOE divididos al respecto en dos mitades casi idénticas. Respecto a la experiencia de la Segunda República, un 45% la consideraba positiva, pero con una diferencia sustancial entre los electores del PSOE, un 58% de los cuales la valoraba positivamente, y los del PP, entre los cuales sólo un 26% lo hacía.(…) Un 57% de los electores del PSOE y un 48% de los del PP estaban de acuerdo en que la radicalización de sectores extremistas, tanto de derecha como de izquierda, había hecho que la República no llegara a consolidarse.”

Otro periodo histórico problemático para el discurso historicista del PSOE es la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Al contrario que la dictadura franquista, mucho más longeva por otra parte, la dictadura de Primo de Rivera está prácticamente ausente en el componente de memoria pública de los socialistas. Esto se debe en parte a un hecho poco atractivo para la narrativa actual del partido como eterno defensor de la democracia: el colaboracionismo del PSOE y del sindicato socialista UGT con el régimen de Primo de Rivera. A cambio de su colaboración el PSOE instó a Primo de Rivera a declarar ilegal al PCE, una escisión de 1921 del PSOE, y a perseguir a los anarquistas de la CNT, sindicato competidor y enemigo acérrimo de los socialistas en su lucha por el apoyo de la clase obrera y los campesinos. El PSOE / UGT se convirtió en el único partido y sindicato obrero legal en España durante la dictadura, que duró hasta 1923.

Señala Raymond Carr en España 1808–2008 (2009):

La mayor parte de los dirigentes socialistas eran reformistas y no deseaban hacer peligrar con resistencia lo que habían conseguido ya — una organización moderna con mecanógrafas, secretarias, seguros de enterramiento, la cooperativa de Madrid, etc- Pese a ser los únicos con bastante fuerza para oponer una resistencia eficaz, se negaron a ir a la huelga al conocerse la noticia del golpe de estado.

El PSOE y la UGT en bloque –salvo Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos– votaron colaborar abiertamente con la dictadura. Una de las figuras clave de este entendimiento sería Francisco Largo Caballero, que se convirtió en miembro del Consejo de Estado y otros muchos organismos de la dictadura. En los círculos ugetistas se prefería antes la dictadura de Primo de Rivera que el regreso al parlamentarismo liberal: “¿Por qué luchar contra él? ¿Para tener nuevamente a Romanones?”. Y es que a pesar de las trazas pseudofascistas y ultraconservadoras del régimen de Primo de Rivera, en palabras de Carr, “el socialismo fue el niño mimado del régimen, que a veces cobró la apariencia de un sistema bipartidista de Unión Patriótica y socialistas. De ahí la oposición que encontró entre algunos patronos y católicos. Los sindicalistas católicos miraban con disgusto el ‘injusto monopolio socialista’ de los comités mixtos’ y esperaban acabar con él mediante un sistema de representación proporcional.”

En este período histórico, que aunque breve tuvo también sus represaliados (especialmente los anarquistas) y que se desarrolló menos de una década antes de la Guerra, no hay sin embargo un gran interés por parte de los actuales representantes del PSOE. Cuando el relato deseado no encaja con la realidad sucedida la tendencia de los partidos es el silencio.

La Guerra Civil es presentada también con frecuencia por cargos del PSOE o afines en términos simplistas que eliminan matices y complejidades entre y dentro de los dos bandos enfrentados, presentándola no sin problemas como una “batalla entre democracia y fascismo”. Sin embargo tal y como apuntan historiadores especializados en el período como Julián Casanova, Santos Juliá o Enrique Moradiellos, “aquella no era únicamente una España dividida entre izquierda y derecha, oligarcas y pueblo, o socialistas y cedistas” (Casanova); “Lo que ocurrió fue desde luego lucha de clases por las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un sombrero o calzarse con alpargatas los pies, pero no fu en menor medida una guerra de religión, de nacionalismos enfrentados, guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.” (Juliá).

En su libro 1936. Los mitos de la Guerra Civil Enrique Moradiellos sitúa tres Españas antes y durante la guerra, representadas por las tres erres: reforma, revolución y reacción.

Una tríada antagónica de proyectos políticos muy distintos: uno reformista y burgués, afín a la democracia liberal representativa, al constitucionalismo y al laicismo, con afanes de reforma social pero sin renunciar a la propiedad privada y la economía capitalista; otro revolucionario y obrerista, de objetivos colectivizadores y escindido a su vez en la pulsión comunista y socialista radical (estatalista) y la pulsión anarquista (ácrata), interesada en derribar cualquier régimen o autoridad jerárquica, fuera monárquica o republicana, para entregar el poder directamente al pueblo; por último un proyecto reaccionario, autoritario, militarista y confesional, de tendencia más o menos monárquica (la Falange no lo era en absoluto), que clamaba por emprender una cruzada en pos de las esencias tradicionales del país, rechazando tanto la democracia como la revolución.

Más o menos explícitamente, el liberalismo era lo que se presentaba como enemigo y origen de los males tanto por los partidarios de la revolución como de la reacción. Miguel de Unamuno lo expresaría desde su retiro en Salamanca, calificando así la guerra: “Esta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República, por de derecha que sea, está ya proscrito”. Esto se cumplió con el exilio y la condena de figuras clave del republicanismo del centro y la derecha como Clara Campoamor, Salvador de Madariaga, Niceto-Alcalá Zamora.

Un panorama que, antes y después de estallar el conflicto (indudablemente provocado por el golpe militar de los sublevados en 1936), estaba lejos de representar una sencilla división entre “dos Españas”, de una de las cuales, la derrotada, sería, a ojos socialistas, heredero el PSOE actual, mientras el PP representaría a la otra.

De los dichos a los hechos: ¿la historia como guía legislativa?

Si bien los empleos tácticos de la historia para legitimar su discurso son abrumadores, también es cierto que no sólo de palabras ha vivido el PSOE. Ya desde su llegada al gobierno en los años 80 promovieron, aprobaron e implementaron numerosas medidas de reconocimiento histórico concretas para los republicanos marginados por la dictadura y para los presos políticos: en 1984 se reconocieron como años trabajados y computables para la Seguridad Social los que hubieran pasado prisión bajo el franquismo por cualquiera de los supuestos contenidos en la Ley de Amnistía.

En junio de 1990 establecieron también una compensación económica de al menos un millón de pesetas a quienes hubieran sufrido privación de libertad dentro de esos supuestos, aunque se denegaron bastantes solicitudes. La Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 ampliaba las medidas de resarcimiento y reconocimiento al colectivo LGTBI, concediendo indemnizaciones a quienes habían sido encarcelados y reprimidos durante el franquismo con las ley de Vagos y Maleantes (originalmente aprobada en la Segunda República y ampliada en el franquismo) y la ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social.

Entre los 90 y los inicios de 2000 se compensó económicamente también a exiliados de la Guerra Civil, ahora ancianos, y a “niños de la guerra”. Sobrevivían unos pocos centenares, que recibieron pensiones de jubilación independientemente de su lugar de residencia. Se anularon sanciones políticas y depuraciones fruto de la Ley de Responsabilidades políticas de 1939, el corpus legislativo de represión establecido por el bando franquista con la victoria. El último Ministro de Justicia socialista antes de la victoria del Partido Popular firmó un Real Decreto (derogado y rectificado en 2008) que reconocía la nacionalidad española a los combatientes extranjeros que integraban las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil.

Sin duda el hecho más llamativo de las políticas de memoria impulsadas por el PSOE a través de las dos leyes de Memoria histórica fue la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019 y su traslado al panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio, por considerar impropio de una democracia occidental el poseer un mausoleo para un dictador. El 24 de septiembre de 2019, tras varios retrasos, el Tribunal Supremo avaló la exhumación y desestimó el recurso presentado por la familia Franco, que también pretendió que se enterrara en la catedral de la Almudena, sin éxito. El Partido Popular y Ciudadanos discreparon de la medida, con distintos argumentos, y acusaron de electoralismo al gobierno, si bien se abstuvieron en la votación parlamentaria. El partido Vox, en ese momento no presente en el Congreso, se opuso frontalmente y apoyó la negativa de la familia Franco y de organizaciones como la Fundación Francisco Franco.

No obstante, una vez realizada la exhumación (en línea con actuaciones de memoria histórica semejantes en Italia respecto a Mussolini o en Francia respecto de Pétain), continúa el debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos y las exhumaciones de los enterrados allí se hallan paralizadas. En ese contexto no han faltado polémicas, como la protagonizada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo al hablar de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, cuyos restos también se encuentran en el Valle. Al considerarlo, de acuerdo con la propia ley de Zapatero, como una víctima de la Guerra Civil, Calvó incendió a sus socios de Unidas Podemos y a otros partidos que sostenían la coalición.

La exhumación también recibió críticas, tanto desde la derecha como desde la izquierda, por la cobertura y despliegue mediáticos, ofensivos para algunos al parecer identificados con un funeral de Estado. Algunos comentaristas lo contrastaron con la discreta exhumación acordada y llevada a cabo en Pamplona de los restos del militar sublevado Emilio Mola.

Otra de las críticas vertidas a la memorística histórica del PSOE ha sido su apropiación o soslayo de figuras que fueron críticas con los comportamientos del partido durante la Segunda República, tanto dentro como fuera del PSOE: Clara Campoamor y su defensa del voto femenino (aprobado con 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones; entre estas últimas 26 del PSOE, con las de Indalecio Prieto y Julián Besteiro); Prieto calificó la aprobación como “una puñalada para la República”, alegando que el voto femenino daría la victoria a la derecha (cosa que sucedió en 1933, no así en 1936). El machismo más brutal destacó en aquel diario de sesiones de octubre del 31 como pocas veces en la historia política española.

Campoamor fue tratada como una apestada y, una vez iniciada la guerra, estando en Madrid, tuvo que exiliarse ante las amenazas de los milicianos de izquierda y la represión segura que sufriría desde el franquismo si este ganaba. En una semblanza sobre Campoamor realizada para su libro autobiográfico La revolución española vista por una republicana, se expone:

Pocos diputados tuvieron un papel tan positivo como el de la señorita Campoamor durante la II República. La “derechona” nunca absolvió a Clara Campoamor de ser republicana, pertenecer a la masonería, haber contribuido a asentar el divorcio o haber querido fiscalizar las fundaciones privadas; la “izquierdona” jamás le perdonó el haber traído el voto de la mujer ni el haber condenado las salvajadas en la zona republicana durante la Guerra Civil.

Así, Clara representa la tercera España, ni roja ni azul, descuartizada por las poderosas fuerzas contrarias de la revolución y de la reacción. Clara molestaba, porque no se adscribió dócilmente a ningún pesebre político; no se dejó utilizar por su partido, como Victoria Kent, sino que no dudó en ser ella quien utilizara todos los recursos que se le ofrecían para conseguir sus objetivos. Se apoyó en las derechas para conseguir el voto femenino y en las izquierdas para sacar adelante el proyecto republicano.

El líder republicano Manuel Azaña, que trató de reincorporar como socio al PSOE a la vía parlamentaria tras la revolución de 1934, señala en sus diarios la deriva revolucionaria de sus socios socialistas y la frustración al ver que la lucha entre partidos y sindicatos disminuía la cohesión de la República durante la guerra. La situación entre los demócratas republicanos y los revolucionarios socialistas, comunistas y anarquistas llegó a tales tensiones que Azaña confesó en privado: “La guerra está perdida; pero si por milagro la ganáramos, en el primer barco que saliera de España tendríamos que salir los republicanos, si nos dejaban.”

Reparar o no reparar, esa es la cuestión

A pesar de las dificultades puestas a algunos de estos reconocimientos por parte de la oposición conservadora (o una vez el PP se hallaba en el gobierno), como dejar sin fondos la partida presupuestaria destinada a la memoria histórica, los gestos de reconocimiento hacia el pasado no son exclusivos de gobiernos del PSOE. El 2015 el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, aprobó con intensa publicidad un decreto por el que se pretendía conceder la nacionalidad española a 4.302 ciudadanos sefardíes descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492 por los Reyes católicos.

La condición de sefardí originario de España debía acreditarse con un certificado expedido por la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, algún cargo análogo de la comunidad judía de residencia o de la autoridad rabínica correspondiente. También servía la acreditación del uso como idioma familiar del ladino, partida de nacimiento o el certificado de matrimonio según las tradiciones de la Castilla de hace 500 años. Una vez más observamos que cada partido cultiva su propio discurso de memoria histórica (o pública), pero no logran ponerse de acuerdo entre sí sobre qué recordar y cómo hacerlo. De hecho, con la caída del gobierno de Rajoy en 2018, la situación de los solicitantes sefardíes se complicó y esto fue denunciado por el PP en el Congreso como un acto de “antisemitismo rancio de izquierdas” y de sectarismo.

«Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún Judío que no acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o regresa será culpado a muerte y confiscación de sus bienes.»- Edicto de Granada, 1492.

El corresponsal norteamericano en España de The New York Times escribió una pieza en la que explicaba cómo el Gobierno de Pedro Sánchez había rechazado hasta 2.500 solicitudes de nacionalidad. Sin embargo, el propio Rajoy había dicho en 2008 que: “Yo eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos”.

Parece que los partidos políticos deciden invertir en el pasado de forma muy selectiva. O no recuerdan sus propias medidas. Durante el gobierno popular de José María Aznar se aprobó la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936–1939. En la exposición de motivos de la ley, firmada por Aznar, se indicaba:

Por Decreto de 13 de septiembre de 1936 fueron declarados ilegales los partidos y agrupaciones políticas o sociales que integraban el frente popular, así como cualesquiera otros que se hubiesen opuesto al alzamiento militar que dio lugar al inicio de la guerra civil, al tiempo que se decretaba la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos perteneciesen a los referidos partidos y agrupaciones, pasando todo ello a la propiedad del Estado. Los términos de este Decreto fueron confirmados en la posterior Ley de 9 de febrero de 1939, que señaló como fundamento de dichas medidas la responsabilidad política en que habían incurrido las organizaciones citadas.

Superada la guerra civil y promulgada la Constitución Española de 1978, se han venido sucediendo decisiones de variada índole, encaminadas a la restauración de situaciones jurídicas ilegítimamente afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta. Así, las normas de amnistía, el reconocimiento de derechos asistenciales a las personas pertenecientes al ejército republicano o la restitución de bienes y derechos del denominado patrimonio sindical histórico incautado a las organizaciones sindicales, conforme a la Ley 4/1986, de 8 de enero.

En la actualidad parece llegado el momento de avanzar en dicho proceso reparador, creando el marco jurídico necesario para reintegrar a los partidos políticos los bienes y derechos de que fueron desposeídos durante la guerra civil o al finalizar ésta, en línea con uno de los objetivos que inspiró nuestra actual Constitución de garantizar la convivencia de todos los españoles, superando las consecuencias de la guerra civil, y en consonancia con el papel relevante que la misma otorga a los partidos políticos, a los que incardina en la médula del Estado democrático, mediante la precisión de su concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo que exige de ese Estado democrático un acto de justicia histórica como es el de devolución a los mismos de aquello que les fue arrebatado, dándoles, por otra parte, un trato idéntico al ya dado en su día a las organizaciones sindicales.

Con contradicciones discursivas así, vaivenes y gestos, antes que la “memoria histórica” parece que no abunda la memoria, a secas, tanto en el PP como en el PSOE. El empleo de la historia con fines electorales resulta a menudo más jugoso que la auténtica resolución de las deudas con el pasado. Otro elemento historicista (esta vez en clave musical) es el uso del himno de La Internacional en actos públicos del partido, puño en alto. Este tipo de gestos son de carácter aglutinador, y pretenden establecer una legitimidad histórica.

El periodista y escritor Isabelo Herreros afea en un artículo de Infolibre la amnesia y parcialidad del PSOE a la hora de seleccionar a quiénes honrar con estatuas. En medio de una polémica decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar efigies y placas de Largo Caballero y Prieto, Herreros, crítico con la medida pero también con el PSOE, escribió:

Sencillamente, no ha habido voluntad política alguna para recuperar a personalidades de la Segunda República que no fueran miembros del Partido Socialista y menos aún la memoria democrática más noble de nuestra historia. Precisamente, en los años en que se erigieron las estatuas, en los Nuevos Ministerios de Madrid, el Partido Socialista tenía mayoría absoluta en las tres administraciones con sede en la capital, por lo que no hay excusa alguna.

Tampoco hay una explicación, y menos aún científica, para el ninguneo por parte de las entidades académicas o las universidades que, en aquellos años, fomentaban investigaciones o tesis, biográficas, sectoriales o locales, del socialismo español, bajo el paraguas de Historia Social, con desprecio del republicanismo y sus líderes.

También llama la atención, dentro de esa memoria selectiva, la postergación de dirigentes socialistas como Juan Negrín, que fue precisamente quien encarnó en el Partido Socialista la más racional defensa de la legitimidad republicana.

Este nada velado sectarismo en su relación con el pasado traumático y complejo de la caída de la República, la Guerra y el franquismo, ha alienado a otros partidos, votantes y potenciales apoyos de trabajar conjuntamente con los gobiernos del PSOE en el cultivo de una memoria pública común. Han sido sonados los choques del PSOE con el PP y Ciudadanos respecto a la memoria pública de Azaña y Campoamor, entre otros, así como respecto a Pablo Iglesias, Felipe González o Santiago Carrillo con los partidos a su izquierda.

En el próximo análisis veremos las instrumentalizaciones políticas del pasado por parte de Podemos e Izquierda Unida, que si bien coinciden en algunos puntos con el PSOE, se distancian enormemente en otros.

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Espacio de análisis político, histórico y cultural. Soy un periodista y comunicador interesado en informar, formar y entretener. Pensamiento crítico y ecuánime.

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